En el último artículo de una serie sobre los principales emisores del mundo, Carbon Brief pone el foco sobre México, un país que ya está sufriendo el impacto de sequías, calor extremo y huracanes.
México ocupó la 11ª posición mundial en emisiones de gases de efecto invernadero en 2018. A menudo, se ha promocionado como un líder climático entre las naciones menos ricas, con varios objetivos para reducir las emisiones y desarrollar energía limpia.
La extracción de petróleo ha contribuido a su crecimiento económico, aunque la fortuna de la industria ha disminuido desde principios de la década de 2000. En tanto, la generación eólica y solar se ha triplicado en los últimos cinco años.
Bajo administraciones anteriores, México ha desempeñado un rol importante en las negociaciones internacionales sobre el clima y fue una de las primeras naciones en introducir legislación sobre el cambio climático.
Sin embargo, los avances se han detenido a medida que el gobierno actual invierte grandes sumas de dinero en el sector estatal de los combustibles fósiles y desmantela las políticas de promoción de las energías renovables.
(Actualización 08/06/2021: El partido gobernante del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantuvo en el poder, pero no consiguió una mayoría de dos tercios en las elecciones de medio término de México. Una victoria más decisiva le habría permitido al mandatario reformar la Constitución y echar atrás las reformas energéticas introducidas por su predecesor, que abrieron el país a la inversión privada en energías renovables).
- Política
- Compromiso de París
- Políticas y leyes climáticas
- Eólica y solar
- Energía hidroeléctrica y nuclear
- Petróleo y gas
- Carbón
- Silvicultura y agricultura
- Impactos y adaptación
Política
Conocida oficialmente como los Estados Unidos Mexicanos, la nación es una república federal formada por 31 estados y el distrito federal de Ciudad de México.
Es la 15ª economía más grande del mundo en términos del PIB y la segunda de América Latina después de Brasil, a 2019.
En general, México es considerada una economía emergente. Fue admitida en el grupo de naciones ricas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 1994, pero tanto su crecimiento económico como la reducción de su pobreza han sido lentos desde entonces.
Con frecuencia se le describe como un líder climático entre los países más pobres. Sin embargo, tal como afirma un estudio: “El liderazgo climático de México consiste sobre todo en promesas y en la adopción de legislación, pero sus acciones no han modificado aún sus emisiones de gases de efecto invernadero”.
La política mexicana ha estado históricamente dominada por el centrista Partido Revolucionario Institucional (PRI), que estuvo en el poder desde la Revolución Mexicana de 1929 hasta el año 2000, cuando fue derrocado por el más derechista Partido Acción Nacional (PAN).
Otras agrupaciones políticas importantes son el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que comenzó como una rama de izquierda del PRI, y el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), populista y de izquierda, que fue formado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador cuando abandonó el PRD en 2012.
También destaca el Partido Verde Ecologista de México, que ha sido criticado por su falta de enfoque en temas “verdes” y rechazado por los partidos verdes internacionales por su divergencia en “principios básicos”, como el apoyo a la pena de muerte.
El interés por el cambio climático ha fluctuado en la política mexicana. Durante el sexenio que terminó en 2012, el segundo presidente del PAN, Felipe Calderón, elevó significativamente su estatus e introdujo la primera legislación climática integral del país.
Asimismo, supervisó la cumbre climática COP16 de la ONU, que tuvo lugar en 2010 en la ciudad costera de Cancún.
El sucesor de Calderón, el presidente del PRI Enrique Peña Nieto, llegó al poder en un momento de lento crecimiento económico con la promesa de impulsar la producción de petróleo y gas del país.
Aunque el clima no siempre fue una prioridad para Peña Nieto, los observadores señalan que se ha hundido aún más con López Obrador, quien asumió en 2018 con una plataforma populista que prometía una serie de programas sociales.
En la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, el manifiesto medioambiental de López Obrador, NaturAMLO –en alusión a sus iniciales, AMLO–, hablaba del cambio climático, aunque centrándose en adaptación. Se comprometió a hacer frente a las emisiones de México plantando árboles y ampliando las presas hidroeléctricas.
Oriundo del estado de Tabasco, rico en petróleo, López Obrador ha financiado a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y frenado el auge de los proyectos privados de energías renovables en favor de la autosuficiencia energética basada en los combustibles fósiles.
Sumado a ello, ha recortado el presupuesto del Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales como parte de un programa de austeridad gubernamental y ha criticado a las ONG medioambientales de México por sus supuestos vínculos con gobiernos extranjeros.
Como resultado de todo esto, Bloomberg ha afirmado que el presidente mexicano tiene la “rara distinción de ser un líder de raíces izquierdistas cuya política medioambiental está más cerca de los negacionistas del clima de derechas”.
López Obrador estuvo entre los invitados a intervenir en la Cumbre de Líderes de Joe Biden en abril, en la que el presidente estadounidense instó a otras naciones a “intensificar” sus ambiciones climáticas.
En cambio, el presidente mexicano utilizó su discurso pregrabado para justificar la continua explotación de los yacimientos petrolíferos de su país e impulsar un programa en el que los plantadores de árboles de América Central podrían acceder a visados de trabajo estadounidenses.
En general, el gobierno mexicano ha hablado, al menos de boquilla, de la lucha contra el cambio climático en la escena internacional. Sin embargo, se ha centrado más en la adaptación y la vulnerabilidad del país que en la mitigación.
A pesar de la aparente ambivalencia de la administración actual, una encuesta realizada por el Pew Research Center en 2018 reveló que el 80% de los mexicanos veía al cambio climático como una “amenaza importante” para el país, un aumento de 28 puntos desde 2013.
Al igual que en los Estados Unidos durante la administración escéptica del clima de Donald Trump, algunas ciudades y estados de México han surgido como líderes climáticos sin el apoyo del gobierno federal.
Sin embargo, con las elecciones de medio término, que se celebrarán en junio para decidir los 500 miembros de la Cámara Baja del Congreso y los gobernadores de 15 de los 32 estados, se espera que el partido MORENA de López Obrador aumente su influencia en la política mexicana.
Compromiso de París
En 2018, las emisiones de México fueron de 695 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e), según la base de datos CAIT mantenida por el World Resources Institute (WRI), que incluye las emisiones de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS o bien LULUCF, por sus siglas en inglés).
Sus emisiones per cápita son de 5,5 tCO2e, ligeramente por debajo del promedio mundial.
El país fue uno de los pocos en presentar una contribución determinada a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) actualizada en el marco del Acuerdo de París antes de la fecha límite de finales de 2020.
No obstante, el nuevo objetivo de México siguió siendo el mismo que el anterior, es decir, reducir incondicionalmente las emisiones en un 22% por debajo del escenario tendencial (BAU, por sus siglas en inglés: Business as usual) para 2030, y hasta un 36% por debajo del BAU, si recibe apoyo financiero, técnico y de capacitación de otros países.
La nueva NDC también actualizó al alza las proyecciones del BAU, lo que significa que alcanzar el mismo objetivo supondría un aumento de las emisiones hacia 2030. Sumado a ello, el nuevo documento omitió una referencia a que las emisiones de México alcanzarían su punto máximo en 2026.
Según Climate Action Tracker (CAT) –un análisis independiente de los compromisos climáticos elaborado por tres organizaciones de investigación–, la meta incondicional habría conducido anteriormente a 763 MtCO2e en 2030, excluyendo UTCUTS.
Ahora, estima, el mismo objetivo resultaría en 774 MtCO2e. Esto supone un 76% más que las emisiones de México en 1990.
Así, el cambio en la línea de base de la NDC hizo que la calificación del compromiso climático de México pasara de “insuficiente” a “altamente insuficiente” para lograr los objetivos internacionales, concluyó CAT.
Y señaló que el compromiso disminuye tanto “la ambición climática como la transparencia, contrario a las normas del Acuerdo de París”.
Si bien la redacción del acuerdo sobre la presentación de nuevas NDC es algo imprecisa, en general se entiende que las naciones deben presentar compromisos más ambiciosos con el tiempo.
Este retroceso refleja una tendencia más amplia en la política mexicana actual. Sin embargo, bajo administraciones anteriores, el país ha sido reconocido por su liderazgo en las negociaciones internacionales sobre el clima.
Como nación no incluida en el Anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), no tuvo que adoptar un objetivo de mitigación jurídicamente vinculante en virtud del Protocolo de Kioto. El estatus de Anexo I se basaba en la pertenencia en ese momento a la OCDE, a la que México no se unió hasta poco después de que la CMNUCC fuera ratificada en 1994.
No obstante esto, México fue uno de los primeros países en adoptar un objetivo de mitigación voluntario en 2008 y el primer “país en desarrollo” en presentar su NDC en el período previo al Acuerdo de París en 2015.
También fue uno de los primeros en presentar una estrategia climática a largo plazo tras la adopción del Acuerdo de París en 2016.
Los líderes de México, Canadá y los Estados Unidos también acordaron, en su cumbre anual de los “tres amigos” en 2016, un objetivo para toda América del Norte de generar el 50% de energía limpia para 2025.
Según el WRI, la posición del país en la OCDE le ha permitido desempeñar un “papel de puente” en las negociaciones climáticas entre las naciones más ricas y las más pobres.
México acogió la COP16 en Cancún un año después de que las conversaciones climáticas de la ONU en gran medida fracasaran en Copenhague. A pesar de los modestos resultados, la cumbre fue ampliamente considerada como un éxito y el liderazgo mexicano fue elogiado.
La presidenta de la COP y ministra mexicana de Asuntos Exteriores, Patricia Espinosa, fue posteriormente seleccionada para el cargo de secretaria ejecutiva de la CMNUCC.
Parte de los “acuerdos de Cancún” fue la puesta en marcha del Fondo Verde para el Clima, cuyo objetivo era, en parte, ayudar a recaudar 100.000 millones de dólares al año para 2020 con el fin de ayudar a las naciones más pobres en su adaptación y mitigación del clima. (Este objetivo no se ha cumplido: los esfuerzos fueron obstaculizados, en parte, por la retirada de los Estados Unidos del fondo durante la administración Trump).
México contribuyó en la “movilización inicial de recursos” en 2014, prometiendo 10 millones de dólares de los 10.300 millones totales, pero no lo ha vuelto a hacer en la reposición posterior. El país también se ha beneficiado del fondo, con cuatro proyectos que recibieron financiación por 23 millones de dólares.
Políticas y leyes climáticas
En 2012, el Parlamento mexicano aprobó la Ley General de Cambio Climático, una legislación amplia que incluye objetivos de reducción de emisiones y proporciona el marco institucional para su aplicación.
Inicialmente, la ley incluía una reducción del 30% de las emisiones para 2020 en comparación con el BAU y una del 50% respecto de los niveles de 2000 para 2050. Estos objetivos estaban condicionados al apoyo internacional.
También cuenta con una meta de generación de energía limpia del 35% para 2024. En 2015, la Ley de Transición Energética se basó en ello, con objetivos a más corto plazo del 25% para 2018 y del 30% para 2021. México tiene, además, una meta a más largo plazo del 50% de energía limpia para 2050.
La Ley General de Cambio Climático se modificó en 2018 para hacer referencia al Acuerdo de París e incorporar los objetivos de la NDC mexicana, incluida su meta incondicional.
Estas leyes fueron bien recibidas, con México siendo aclamado como el “primer país en desarrollo” y “la primera gran economía emergente productora de petróleo” en adoptar una legislación climática.
Al formularla, México se inspiró directamente en la Ley de Cambio Climático del Reino Unido, así como en el asesoramiento de funcionarios británicos a la hora de crear la norma. En 2012, WWF-México declaró que la legislación ponía a México en “un club global de élite, con el Reino Unido y su Ley de Cambio Climático como los únicos otros miembros”.
Sin embargo, a pesar de estas leyes, el progreso climático del país ha sido lento y sus emisiones han seguido aumentando.
Incluso teniendo en cuenta un descenso relacionado con la pandemia, CAT ha concluído que México “probablemente no alcanzará” su compromiso de emisiones para 2020. El análisis realizado por el centro de estudios sobre el clima Ember sugiere que el país sólo alcanzó su objetivo de un 25% de energía limpia el año pasado, dos años más tarde de lo previsto.
A diferencia del sistema jurídicamente vinculante del Reino Unido, los objetivos mexicanos no son obligatorios. Y, según concluyó el análisis del Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente de la London School of Economics, la ley carece de mecanismos de rendición de cuentas y aplicación que asegure su cumplimiento.
Tal como afirmó en su momento el análisis del Fondo de Defensa del Medio Ambiente (EDF, por sus siglas en inglés), la falta de límites de emisiones legalmente vinculantes significaba que la “fuerza absoluta de la ley y el cumplimiento de sus objetivos de mitigación dependerán de la voluntad y el liderazgo políticos”.
La implementación de las políticas en línea con las nuevas leyes ha sido irregular. Un informe del Comité de Evaluación de la Política Climática Nacional –un organismo creado por la Ley de Cambio Climático– concluyó que, entre 2014 y 2018, sólo el 43% de las áreas políticas avanzaban según lo previsto.
No obstante, durante este período hubo algunos avances, como la expansión de proyectos de energía limpia y el desarrollo de un impuesto al carbono.
México también ha testeado un sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés). El lanzamiento oficial está previsto para 2022, y se espera que participen hasta 700 empresas.
Eólica y solar
México cuenta con un importante potencial de energía renovable debido a la alta radiación solar en la mayor parte de su territorio y a la alta velocidad del viento, especialmente en estados del sur como Oaxaca y Yucatán.
Las fuentes eólica y solar han crecido rápidamente en los últimos años, pasando del 3% del mix eléctrico en 2015 al 10% en 2020, según Ember.
El progreso de las energías renovables ha estado ligado en gran medida a las opiniones del gobierno sobre los roles relativos del Estado y del sector privado en el suministro de electricidad en el país. En este sentido, las cambiantes corrientes políticas de los últimos años hacen que el futuro de las renovables en México no esté garantizado.
Durante décadas, la mayor parte del mercado eléctrico estuvo controlada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de propiedad estatal. En 1993, se permitió cierta inversión privada.
La creciente demanda de energía del país se cubría principalmente con combustibles fósiles, como muestra el siguiente gráfico.
En 2013, el presidente Peña Nieto promulgó una amplia reforma energética que pretendía acabar con el monopolio de la CFE y permitir una mayor competencia en la generación y el suministro de energía. También reabrió las grandes reservas de petróleo y gas de México a los inversores externos.
Introdujo dos normativas clave, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Transición Energética, para fomentar la inversión privada en el sector eléctrico.
La reforma también reiteró la meta de generar el 35% de la electricidad de México a partir de fuentes limpias para 2024, con objetivos intermedios en el camino.
De acuerdo a una “perspectiva energética” publicada por la Agencia Internacional de la Energía en 2016, se esperaba que la reforma “revirtiera la disminución de la producción de petróleo del país, aumentara la proporción de energías renovables en el sector eléctrico y frenara el crecimiento de las emisiones de carbono”.
Incluía la creación de certificados de energía limpia (CELs) que establecían un nivel mínimo de consumo de electricidad limpia para todos los grandes consumidores, incluida la CFE, y permitían la compra y venta de estos certificados en un esquema de tope y comercio.
Sin embargo, la actual administración ha dado marcha atrás en muchas de las reformas de 2013 y ha intentado limitar la privatización del sector energético. López Obrador ha dicho que quiere que la participación de la CFE en la generación se mantenga en el 54%, el nivel que tenía cuando asumió la presidencia.
Los proyectos eólicos y solares suelen ser de propiedad privada –a menudo de empresas extranjeras–, lo que va en contra de los ideales nacionalistas del mandatario y su deseo de independencia energética.
El presidente ha calificado las turbinas eólicas de “contaminación visual” y ha acusado a los promotores de las fuentes renovables de actividad fraudulenta y corrupción.
En 2019, el gobierno canceló la cuarta subasta de energía limpia a largo plazo del país, a pesar de que las rondas anteriores establecieron récords mundiales de precios bajos para la solar. Esto ha creado incertidumbre para la inversión privada y los precios futuros de la energía.
Otras acciones incluyen la cancelación por parte de la CFE de la nueva línea de transmisión de alta tensión Yautepec-Ixtepec desde el estado de Oaxaca, rico en energía eólica, y la pausa del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) en las conexiones a la red para nuevos proyectos solares y eólicos.
Por último, durante la pandemia, la administración introdujo un proyecto de ley que los críticos han bautizado como “Ley del Fueloil”, que da prioridad en la red a la energía generada por la CFE –incluida la derivada del carbón y el petróleo– frente a la eólica y solar, más barata y de propiedad privada.
El gobierno argumentó que la naturaleza intermitente de las fuentes renovables no podría abastecer suficientemente la red durante las medidas de confinamiento. [La experiencia en Europa ha demostrado que las redes son capaces de funcionar de forma fiable a pesar de una mayor proporción de energías renovables durante los confinamientos].
La Ley del Fueloil ha enfrentado a desafíos legales en México, con advertencias de que podría provocar disputas comerciales con otras naciones, incluyendo los Estados Unidos.
El nuevo proyecto también modificó los CELs, permitiendo que las centrales hidroeléctricas, nucleares y geotérmicas más antiguas propiedad de la CFE puedan obtenerlos. Previo al cambio, sólo los proyectos construidos después de 2014 calificaban para los CELs.
Cuando esto se propuso inicialmente en 2019, las empresas respondieron con acciones legales, argumentando que la política estaba destinada a promover nuevas energías renovables en lugar de apuntalar la infraestructura antigua.
La medida de dar prioridad a los proyectos de la CFE frente a los inversores privados ha sido suspendida por un juez mexicano, y está pendiente la decisión de la Corte Suprema de Justicia del país sobre el asunto.
Si la ley no obtiene la aprobación del tribunal, López Obrador ha sugerido que modificaría la constitución para conseguirlo, al igual que su predecesor lo hizo con su reforma energética. Una mayoría de dos tercios para MORENA y sus aliados en las próximas elecciones de medio término podría hacer que esto sea una posibilidad.
Con las inversiones en energías renovables bajo amenaza, los gobiernos locales de estados como Nuevo León, Puebla y Querétar han desafiado las acciones del gobierno federal y buscado formas de garantizar la continuidad de su implantación.
Cuando se presentó la legislación de la reforma energética de 2013, se reiteró la meta de generar el 35% de su electricidad a partir de fuentes limpias para 2024 y se impusieron objetivos provisionales que incluían el 30% para 2021. El año pasado, sólo el 25% de la electricidad en México procedía de fuentes limpias.
López Obrador ha dicho que sigue comprometido con estas metas, pero el análisis de Wood Mackenzie sugiere que su gobierno va a incumplirlas a medida que la actual cartera de proyectos eólicos y solares llega a su fin.
El incumplimiento de estas metas nacionales podría tener importantes consecuencias económicas. Un estudio del gobierno mexicano concluyó que alcanzar el objetivo de un 43% de electricidad limpia para 2030 podría aumentar el empleo en el sector eléctrico en un 38% y hacer “considerables contribuciones a la seguridad energética”.
Energía hidroeléctrica y nuclear
A diferencia de lo que sucede con la eólica y la solar, la administración de López Obrador ha apoyado las centrales hidroeléctricas y nucleares, que son en gran parte propiedad de la CFE y están operadas por ella.
La energía hidroeléctrica suministra el 8% de la generación eléctrica de México, más que cualquier otra fuente renovable.
Sin embargo, México sólo genera alrededor de 27 teravatios hora (TWh) de energía hidroeléctrica al año, menos de una décima parte de la generación de los Estados Unidos y la mitad de la de Colombia o Venezuela.
La ampliación de la capacidad hidroeléctrica del país ha sido un elemento central de los objetivos energéticos de la actual administración, con una política centrada en la modernización de las centrales existentes.
La CFE es propietaria de 59 de las 86 centrales hidroeléctricas de México, pero, según Argus Media, a 2019, sólo 14 de estas plantas estaban activas. El presidente ha dicho que la mejora de las presas existentes será suficiente para abastecer las necesidades de energía de la nación sin la necesidad de nuevas.
No obstante, se teme que las dificultades del mercado y el rechazo de las comunidades locales puedan obstaculizar el desarrollo de la energía hidroeléctrica del país y dejar al sector energético dependiente de los combustibles fósiles.
Según la Asociación Mexicana de Energía Eólica, cada megavatio-hora (MWh) generado por las centrales hidroeléctricas de la CFE cuesta más del doble que un MWh procedente de las subastas de suministro renovable a largo plazo canceladas por el gobierno.
Antes de que López Obrador llegara al poder, el crecimiento hidroeléctrico se había estancado en medio de la oposición pública a los proyectos a gran escala, como Chicoasen 2 en Chiapas, al que ahora se ha dado luz verde.
México también cuenta con dos reactores nucleares en Laguna Verde que generan alrededor del 4% de su electricidad. Su primer reactor nuclear comercial comenzó a funcionar en 1989.
El gobierno ha renovado la licencia de explotación de la unidad uno de la central de Laguna Verde por 30 años más, hasta 2050, momento para el cual habrá estado en funcionamiento durante 60 años.
Informes dan cuenta de que la CFE también ha estado considerando el desarrollo de nuevos reactores nucleares tanto en el sitio de Laguna Verde como en la costa del Pacífico.
Petróleo y gas
A 2019, México era el 13º mayor productor y el 13º mayor consumidor de petróleo del mundo, según datos de BP.
La producción de petróleo ha caído desde su pico a principios de la década de 2000, pero todavía tiene un lugar importante en la cultura mexicana. Los precios de los combustibles y las subvenciones han sido temas muy políticos en el país.
En 1938, el Estado incautó casi todos los activos de las compañías petroleras de propiedad extranjera, nacionalizando de hecho la industria. El Día de la Expropiación Petrolera es una fiesta nacional y muchos consideran a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) un motivo de orgullo.
El boom petrolero mexicano comenzó a finales de la década de 1970, cuando Pemex descubrió el yacimiento de Cantarell –la mayor reserva del país– en el Golfo de México en 1976. En 2004, su punto álgido, Cantarell era el segundo yacimiento más grande del mundo, produciendo 2,1 millones de barriles por día.
Con la producción de petróleo en franco declive y Pemex no teniendo los recursos para explotar sus reservas restantes, las reformas energéticas de Peña Nieto en 2013 pretendían atraer la inversión privada y revitalizar el sector.
Sin embargo, la caída de los precios del petróleo también obstaculizó las esperanzas de inversión privada y los opositores de la izquierda, incluido el propio López Obrador, consideraron la medida como un “robo” de los recursos mexicanos.
Cuando reemplazó a Peña Nieto en 2018, López Obrador se propuso modernizar las plantas de combustibles fósiles y construir nuevas infraestructuras petroleras. En el centro de la agenda de su administración está la revitalización de Pemex, que alguna vez impulsó la economía mexicana, pero que ahora es la compañía petrolera más endeudada del mundo.
El punto central de este esfuerzo es la refinería de Dos Bocas, en el estado natal del presidente, Tabasco, cuya construcción ha supuesto la tala de manglares protegidos.
López Obrador ha prometido acabar con la dependencia de las importaciones de combustible, pero en la actualidad el país depende en gran medida de los Estados Unidos para refinar su petróleo de baja calidad y suministrarle productos petrolíferos.
El petróleo mexicano es generalmente de baja calidad y está contaminado con azufre. A medida que el país ha ido aumentando su producción de gasolina, se ha quedado con grandes volúmenes de fueloil con alto contenido de azufre debido a la ineficiencia de sus refinerías. Esto ha coincidido con la prohibición mundial de este combustible sucio en el transporte marítimo.
Como resultado, el país ha recurrido a la quema de este “combustóleo” en las centrales eléctricas, sustituyendo el gas natural que a menudo importa de los Estados Unidos y desalentando aún más el desarrollo de las energías renovables. El año pasado, el 10% de la electricidad de México se produjo quemando petróleo.
El presidente también ha pospuesto una norma que exige diésel de bajo contenido en azufre para los vehículos hasta después de que deje el cargo, a finales de 2024.
La conversión de una central eléctrica de gas natural –que actualmente suministra el 60% de la electricidad de México– a fueloil aumenta sus emisiones de CO2 en un 16%, según BloombergNEF.
La producción de gas natural en México ha estado disminuyendo desde hace una década: Pemex sólo consiguió frenar el declive bajo la actual administración.
A pesar de ello, desde el principio, López Obrador ha dicho que prohibiría el fracking y ha bloqueado los esfuerzos para poner en marcha operaciones en los estados fronterizos del norte de México.
Mientras tanto, los avances en la descarbonización del sector del transporte han sido lentos. México representó más de la mitad del mercado latinoamericano de vehículos eléctricos –que es apenas el 1% del mercado mundial– en 2019, pero la actual administración no ofrece ningún incentivo para promover la industria.
Los automóviles son la mayor exportación del país, pero existe preocupación de que el cambio global hacia los vehículos eléctricos pueda dejar atrás a las fábricas mexicanas.
Carbón
En enero de 2021, México tenía 5378 MW de plantas de carbón en funcionamiento, según el Global Coal Plant Tracker. Esto representa el 4% de la generación total de energía del país.
La producción de electricidad a partir del carbón se redujo a la mitad en comparación con el año anterior en 2020, la mayor reducción porcentual de cualquier país del G20.
Si bien esta dramática caída se debió en gran medida al Covid-19, en los últimos cinco años la generación de carbón mexicana ha caído un 60%, de acuerdo al think tank climático Ember.
Este descenso en la generación de carbón se compensó con la nueva generación eólica y solar, en lugar de con el gas natural, afirma Ember.
Sin embargo, esta tendencia podría invertirse bajo el mandato de López Obrador, quien ha abogado por la reactivación de las viejas plantas de carbón, al tiempo que ha socavado el desarrollo de nuevas energías renovables.
El gobierno ha asignado un presupuesto para la modernización de las centrales eléctricas de carbón y de otros combustibles fósiles, algunas de las cuales ya habían sido puestas fuera de servicio bajo la administración anterior.
México también explota minas de carbón, aunque sólo alberga alrededor del 0,1% de las reservas mundiales.
El presidente visitó las regiones mineras de Coahuila a finales de 2020 para anunciar la reactivación de las centrales de carbón de la CFE, abastecidas con carbón mexicano. Sin embargo, la CFE ha insistido en que seguirá priorizando la generación de gas natural sobre el carbón.
Silvicultura y agricultura
La plantación de árboles ha sido un elemento clave de la política medioambiental mexicana durante años, aunque se ha enfrentado a su parte de controversia.
Durante su primer año como presidente, en 2007, Calderón supervisó una iniciativa que plantó 250 millones de árboles en todo el país, sumándose a la plantación de un pino en los terrenos de su residencia en Ciudad de México.
Aunque el plan fue elogiado por la ONU, un estudio de Greenpeace México reveló que el 74% de los árboles plantados ese año murieron y otro 17% enfermó. También fue criticado por no compensar la extensa deforestación que se produce en todo el país.
Según The Economist, el programa fue “ampliamente considerado un fracaso”, con funcionarios admitiendo en su momento que al menos el 40% de los árboles habían muerto.
López Obrador ha puesto en marcha su propio programa de plantación de árboles, “Sembrando Vida”, que se ha presentado principalmente como una forma de crear puestos de trabajo y frenar la migración alentando a los agricultores a permanecer en sus tierras.
En declaraciones realizadas durante la cumbre virtual sobre el clima organizada por el presidente estadounidense Biden en abril, López Obrador dijo que México pretendía ampliar el programa a América Central.
Calificándolo como “posiblemente el mayor esfuerzo de reforestación del mundo”, el presidente dijo que el programa crearía 1,2 millones de empleos y plantaría 3000 millones de árboles adicionales. Como una ocurrencia ligeramente incongruente, sugirió que los Estados Unidos debería ofrecer visados de trabajo a los participantes.
Hay pruebas de que el programa puede estar teniendo, en realidad, el efecto contrario al deseado.
Un estudio del World Resources Institute (WRI) y una investigación de Bloomberg sugieren que la iniciativa puede haber causado la pérdida de 73.000 hectáreas de bosque en 2019.
Los agricultores dijeron a Bloomberg que habían cortado árboles para acceder a las subvenciones del gobierno para plantar árboles jóvenes en el lugar. López Obrador ha dicho que investigará estas denuncias.
La deforestación sigue siendo un problema en todo el país. Según la FAO, entre 2010 y 2020, México experimentó una pérdida neta de 125.100 hectáreas de bosque cada año.
Sin embargo, según un inventario nacional presentado a la CMNUCC en 2018 por el gobierno mexicano, el sector de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra (ASOUT o bien AFOLU, por sus siglas en inglés) del país se ha mantenido como un sumidero neto de carbono bastante consistente entre 1990 y 2015, absorbiendo 50-60 MtCO2e cada año.
(Esto difiere de los valores de UTCUTS en la infografía anterior, que se basan en los datos del CAIT y sugieren que la tierra mexicana es predominantemente una fuente de emisiones. Las bases de datos no son directamente comparables ya que, a diferencia de ASOUT, UTCUTS no incluye las tierras agrícolas).
Según el inventario, la ganadería es una fuente considerable de emisiones, responsable de alrededor de una décima parte del total en 2015.
Aunque hay poco debate político en torno a la reducción de las emisiones de la agricultura nacional, se reconoce que el calentamiento global ya está teniendo un impacto en los agricultores mexicanos.
Impactos y adaptación
Según la sexta comunicación nacional de México ante la CMNUCC de 2019:
“México es un país particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático debido a su ubicación geográfica, su topografía y sus características socioeconómicas.”
Como muchos de estos cambios son “en su mayoría inevitables”, el documento señala que la adaptación es “necesaria y urgente”.
Situada entre el Océano Pacífico y el Golfo de México, y abarcando regiones desérticas, selváticas y montañosas, la nación es vulnerable a ciclones tropicales e inundaciones, así como a sequías y olas de calor, todo lo cual puede verse agravado por el cambio climático.
La temperatura media anual del país ya ha aumentado alrededor de 1,5ºC desde el período 1850-1900.
En 2021, México experimentó una de las sequías más intensas de las últimas décadas, que afectó a casi el 85% del país en abril y vio cómo más de 60 grandes embalses quedaban por debajo del 25% de su capacidad.
Investigaciones también han vinculado el cambio climático a una “megasequía” más amplia que ha estado afectando a las zonas del norte del país durante casi dos décadas.
Estas condiciones de sequedad extrema tendrán probablemente importantes efectos colaterales. En este sentido, un estudio sugiere que las pérdidas de cosechas inducidas por la sequía podrían empujar a millones de mexicanos a emigrar.
Un documento gubernamental sobre adaptación para la próxima década señala que, entre 1970 y 2013, de los 22 ciclones de categoría 3 que azotaron las costas de los océanos Pacífico y Atlántico mexicanos, 10 habían ocurrido en los 12 años anteriores.
El cambio climático también ha sido relacionado con la fuerza de los huracanes que afectan a México. En las regiones costeras, el aumento del nivel del mar y las mareas de tempestad también amenazan las infraestructuras de las zonas bajas y la industria turística.
México ha elaborado varios planes para adaptarse a los impactos del cambio climático, y la adaptación figura en la propia Ley General de Cambio Climático.
La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) del país es un mecanismo de planificación para la acción climática a mediano y largo plazo, que incluye la adaptación como una de sus prioridades. En ella se identifican 1385 municipios, en los que viven 27 millones de personas, que tienen un alto riesgo de desastres relacionados con el clima.
La administración actual ha identificado la adaptación y las soluciones basadas en la naturaleza como importantes áreas de interés.
Gráfica de Joe Goodman para Carbon Brief.
Los datos sobre el consumo de energía proceden del BP Statistical Review of World Energy 2020. A diferencia de anteriores infografías de perfiles de países, se han utilizado exajulios (EJ) en lugar de millones de toneladas equivalentes de petróleo (mtep) como unidad de consumo energético, en consonancia con la actualización de BP de sus unidades de perspectiva energética.
Los datos de las emisiones de gases de efecto invernadero por sectores son una combinación de tres conjuntos de datos recopilados por el Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK), la Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global (EDGAR) y el CAIT.
Los valores para el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y los gases fluorados cubren todos los sectores y proceden de la base de datos PRIMAP v2.2 del PIK. Los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de UTCUTS proceden del CAIT, aunque sólo se remontan a 1990. Se ha utilizado este conjunto de datos porque PIK ya no proporciona datos sobre las emisiones de UTCUTS.
Los valores restantes proceden de la base de datos de emisiones de CO2 de EDGAR. Las categorías de EDGAR descritas en su totalidad son las siguientes: Edificios (combustión estacionaria no industrial: incluye actividades de combustión residencial y comercial); Transporte (combustión móvil: carretera y ferrocarril y barco y aviación); No-combustión (emisiones de procesos industriales y agricultura y residuos); Industria (combustión industrial fuera de la generación de energía y calor, incluyendo la combustión para la fabricación industrial y la producción de combustible); Energía y calor (plantas de generación de energía y calor).
La base de datos del CAIT dice que México tuvo la 11ª mayor emisión de gases de efecto invernadero del mundo (695 MtCO2e), incluyendo UTCUTS, en 2018. Los perfiles de países anteriores de esta serie se han basado en los datos del PIK, lo que significa que la clasificación es diferente. Se actualizarán en breve.
Las emisiones per cápita en 2018 provienen de la combinación de la cifra anterior de 2018 para las emisiones de gases de efecto invernadero y la población mexicana en 2018 del Banco Mundial.
El compromiso de México de reducir sus emisiones procede de su NDC oficial, presentada a la CMNUCC.